Un tribunal federal de Lagos ordenó la prisión preventiva de diez acusados, entre ellos tres ciudadanos mexicanos y el presunto cabecilla Anochili Innocent, de 63 años, por cargos relacionados con la producción y posesión de 2.419,48 kilogramos de metanfetamina valuados en N480 mil millones. La Fiscalía, a cargo de la Agencia Nacional de Aplicación de la Ley de Drogas (NDLEA), presentó once cargos que incluyen conspiración, operación de una organización de tráfico de estupefacientes y tenencia ilegal de precursores químicos como tolueno, ácido fenil-2-propano, ácido fenilacético, acetona y ácido clorhídrico.
Los detenidos fueron capturados entre el 16 y el 18 de mayo de 2026 durante operativos coordinados en los estados de Ogun y Lagos. Siete de ellos, incluidos Juan Carlos Meza Torrero, Nemecio Martinez Felix y Jesús López Valles, fueron arrestados en un laboratorio clandestino oculto en un bosque de la aldea de Mowe, en la zona de Ijebu East. Anochili Innocent fue detenido simultáneamente en su residencia del Golf Estate de Lakowe, Lekki, mientras que Omonughwa Kingsley Orike y Nwobum Emeka fueron capturados en propiedades vinculadas al mismo grupo.
Todos los imputados se declararon inocentes. El tribunal fijó las fechas del 16 y 22 de julio de 2026 para el inicio del juicio y la audiencia de solicitudes de libertad bajo fianza, tras haber recibido la prueba documental el 3 de julio. La NDLEA incautó además 358 kilogramos de tolueno, 1.834 kilogramos de ácido clorhídrico y 22,5 kilogramos de acetona.
El caso reviste especial relevancia porque ilustra la tendencia de los cárteles internacionales a establecer bases de fabricación industrial en Nigeria para su posterior exportación. La presencia de expertos mexicanos confirma el carácter transnacional de estas redes y la necesidad de que la jurisdicción nigeriana aplique de manera estricta la Ley de la NDLEA. Las autoridades locales deben reforzar los controles sobre precursores químicos y la cooperación internacional para desmantelar estructuras que operan desde territorios remotos y financian sus actividades con capitales delictivos.
Las consecuencias prácticas incluyen el posible decomiso de bienes utilizados para la producción ilícita y el fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia ciudadana que la propia NDLEA ha solicitado. Este operativo, calificado por el presidente de la agencia como uno de los más significativos contra la fabricación a escala industrial, pone de manifiesto que Nigeria ya no es solo un punto de tránsito, sino un destino elegido para la elaboración de sustancias de alto valor en el mercado ilícito internacional. La continuidad del proceso judicial permitirá evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y la capacidad del sistema para sancionar a quienes facilitan el uso de propiedades privadas para actividades delictivas.
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