La segunda jornada del I Congreso Nacional de Extranjería, organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), dejó un mensaje claro: los profesionales del derecho son un pilar insustituible en los trámites de extranjería, pero la Administración pública no los escucha ni aprovecha su potencial. Así lo manifestaron el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, y el presidente del ICOGAM y del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos (CGCGAE), Fernando Jesús Santiago Ollero, durante una mesa redonda moderada por el director técnico del Congreso, Carlos Mora.
Ambos representantes alzaron la voz contra una Administración que, según denunciaron, reduce a estos profesionales a meros trámites formales, ignorando su capacidad técnica y su función de puente entre las instituciones y la ciudadanía. González subrayó que la Administración no es consciente del potencial que los colegios profesionales aportan, tanto por su formación como por su papel de representación de los ciudadanos. Por su parte, Santiago Ollero recordó que los gestores administrativos son colaboradores del servicio público y extensión de los representados, y que su labor es esencial para garantizar trámites rápidos, eficaces y seguros.
El debate también abordó la digitalización de la Justicia y los trámites de extranjería. Si bien reconocieron el esfuerzo de la Administración, impulsado por los fondos NextGeneration, alertaron de que la tecnología no debe eliminar por completo la atención presencial. González advirtió que si una persona no puede acceder a su expediente por falta de medios digitales, se produce un deterioro de sus derechos y del propio servicio público. Santiago Ollero puso como ejemplo la cita previa, que se ha convertido en un cuello de botella que obstaculiza los procedimientos.
La relevancia de este debate trasciende el ámbito corporativo. En un contexto donde los flujos migratorios y los procedimientos de extranjería crecen en complejidad, la colaboración público-privada es crucial para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos humanos. La falta de diálogo con abogados y gestores, que conocen la realidad cotidiana de los trámites, puede generar ineficiencias y vulneraciones de derechos. España, como país receptor de inmigración, necesita un sistema que integre la digitalización sin excluir a los más vulnerables. La exigencia de un canal presencial alternativo no es un capricho: es una garantía constitucional de acceso a la administración.
Las consecuencias de ignorar a estos profesionales son claras: procesos más lentos, mayor burocracia y ciudadanos desprotegidos. El Congreso dejó patente que los abogados y gestores no son un eslabón prescindible, sino un aliado necesario para una Administración más eficaz y humana. Como concluyó la mesa redonda, una colaboración fluida, que no se limite a formalismos, es la vía para asegurar la seguridad jurídica y los derechos fundamentales frente a procesos automatizados o ineficaces.
